Antes de asumir el encargo como revisor fiscal, y durante su desempeño, el contador público debe evaluar si existen inhabilidades (previas al encargo) o incompatibilidades (que surgen durante su ejercicio) que comprometan el cumplimiento de las normas éticas. Estas evaluaciones deben identificar y analizar amenazas que puedan surgir, para aplicar salvaguardas destinadas a eliminarlas o reducirlas a niveles aceptables.

Si las salvaguardas no logran mitigar las amenazas, el contador tiene el deber ético de no aceptar el encargo o renunciar al mismo. Este enfoque asegura que se cumpla con los estándares de independencia e integridad profesional.

Rol de la Asamblea de Copropietarios y su Alcance Legal

Un punto relevante es la decisión de la asamblea de copropietarios de ratificar a la revisora fiscal en su cargo, a pesar de haberse informado sobre la posible inhabilidad. Es importante resaltar que la asamblea, aunque tenga facultades de decisión en aspectos internos de la copropiedad, no está por encima de las normas legales que rigen la profesión del contador público. La Ley 43 de 1990 y el Código de Ética Profesional establecen regulaciones que son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser modificadas ni desconocidas por decisiones internas de la entidad.

Para los contadores públicos, es imperativo actuar con base en la normativa vigente y evaluar de forma rigurosa cualquier potencial inhabilidad antes de asumir un cargo. La transparencia y la integridad profesional deben prevalecer, garantizando el cumplimiento de las obligaciones éticas en la profesión contable.

Subraya que estas evidencias son documentos privados y pueden ser divulgadas a terceros únicamente con autorización del cliente y del contador, o en casos específicos previstos por la ley. Por lo tanto, cualquier entrega o comunicación de estos documentos a la empresa debe analizarse bajo los acuerdos contractuales y la naturaleza del servicio prestado, que podría ser de aseguramiento o de otro tipo de procedimiento.

Artículo 38 de la Ley 675 de 2001

La designación y remoción del revisor fiscal, así como el período (en caso de no especificarse en el reglamento, se determina por defecto en un año), es una atribución de la Asamblea General de Copropietarios de una propiedad horizontal.

La función del revisor fiscal se ciñe a aquellos actos previstos en la legislación.

En este sentido, la certificación emitida debe sustentarse en un requerimiento legal y en la documentación contable correspondiente, sin que el contador pueda extender su facultad de certificación más allá de lo dispuesto por el legislador.

La Ley 43 de 1990, en su Capítulo Cuarto del Título Segundo, aborda las inhabilidades del contador público en su relación con los usuarios.

Según el artículo 51 de esta ley, un contador que haya ejercido funciones en una empresa deberá esperar un período de seis meses tras cesar sus funciones para aceptar un cargo de auditor externo o revisor fiscal en esa misma empresa o en cualquiera de sus filiales o subsidiarias. Esta norma aplica tanto para el cargo de revisor fiscal principal como para el suplente, sin establecer diferencia alguna entre ambos.